Asden reúne a la junta para decidir si retira el recurso contra el PEMA
Diputación ha pedido la colaboración de la agrupación ecologista para facilitar ahora la implantación y el desarrollo de un parque aéreo industrial en Garray
Asden-Ecologistas en Acción reunirá esta semana a su junta directiva para tomar un acuerdo y dar una respuesta a la Diputación Provincial de Soria que ha solicitado la retirada del recurso judicial ante el Tribunal Supremo contra el decreto del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA).
En esta junta directiva se consensuará el escrito que se va a remitir a la Diputación. Los responsables anunciaron que no harán declaraciones públicas hasta que los miembros de la Institución conozcan sus decisiones, que serán recogidas en el escrito.
El portavoz, Carlos González, explicó que valoran positivamente la actitud transparente que ha mostrado la Diputación, poniendo a su disposición toda la información y documentación que poseen sobre el proyecto del parque aéreo industrial. En este sentido recordó que cuando se tramitó y promovió la Ciudad del Medio Ambiente, Asden reclamó «la documentación y que se nos dejasen dialogar para subsanar problemas y fue imposible», puntualizó González.
La Diputación ha comenzado a realizar las gestiones para impulsar la instalación de este parque aéreo industrial. La empresa promotora Layônair se dirigió hace un año a la Diputación Provincial, propietaria del aeródromo, porque el proyecto requeriría el uso de este aeródromo y también porque la construcción y urbanización que se ha realizado en el entorno, en lo que iba a ser la Ciudad del Medio Ambiente, ahora PEMA, puede ser reutilizada para la implantación de hasta tres empresas, de diferentes actividades, relacionadas con el sector aéreo, y que podrían crear hasta 1.500 empleos cuando esté todo desarrollado, datos que ha dado a conocer el presidente de la Diputación, Benito Serrano.
La actividad que se contempla para el suelo del PEMA es la transformación y reparación de aviones y helicópteros, fabricación de drones y centros de formación especializados. Considera que la construcciones que se realizaron cuando arrancó la Ciudad del Medio Ambiente, como las cúpulas y el área de aparcamientos se podría reutilizar.
El equipo de Gobierno de Diputación ha optado por abrir una vía de diálogo para mostrar con total transparencia la propuesta empresarial que se ha fijado en Garray y con ella las posibilidades que se abren para el desarrollo y crecimiento económico para la provincia de Soria. Asden interpuso un recurso de casación ante el Supremo contra la última sentencia del TSJ que desestimó a su vez un recurso de la agrupación ecologista contra el decreto que aprobó la Junta de Castilla y León para desarrollar el suelo industrial del PEMA, ubicado en la localidad soriana de Garray. Por ello, el futuro uso de los terrenos en Garray se encuentran pendientes de este resolución judicial y la tramitación se prolongaría en exceso en el tiempo, cuando los planes de la empresa es el desarrollo del proyecto a corto plazo, según han trasladado los responsables de la Diputación soriana.
El proceso de regularización del PEMA lleva ya más de cuatro años completamente bloqueado. El decreto del PEMA fue aprobado el 26 de febrero de 2015 por la Consejería de Medio Ambiente y Asden presentó un recurso administrativo el pasado 30 de abril de 2015. La sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla y León llegaría dos años después, en junio de 2017. El Alto Tribunal de la Comunidad consideró que el PEMA, que sustituyó a la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) a iniciativa, era «conforme a derecho» tanto en lo tocante al proyecto como al propio decreto. Asimismo daba validez a los argumentos del Gobierno regional y desmontaba los razonamientos esgrimidos por Asden durante los últimos años para tumbar el proyecto.
Tras la sentencia Asden ya manifestó su voluntad de recurrir al Supremo e inició los trámites correspondientes. El Tribunal Supremo emitió un auto con fecha del 17 de enero de este año en el que admitía el recurso de casación presentado. El Supremo pretende determinar si el PEMA «puede llevar a cabo una nueva clasificación de un suelo previamente clasificado como no urbanizable especialmente protegido con el objetivo de legitimar las actuaciones desarrolladas al amparo de un instrumento legislativo declarado inconstitucional –la ley de la CMA– y nulo y cuyos actos autorizados fueron igualmente anulados, de tal manera que la transformación fáctica de tales terrenos había sido declarada ilegal».