El Obispado demanda al Ayuntamiento de Castilruiz por la propiedad de una ermita

Consistorio y vecinos se preguntan si el interés de la Iglesia es por el templo o por tres fincas que tiene

Una ermita, tres fincas, el malestar de un pueblo y la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Soria del Obispado de Osma Soria que llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Castilruiz. Todo ello concurre en una polémica en torno a la propiedad de un templo, la ermita de los Ulagares, que arranca de lejos y ahora adquiere sus peores tintes.

La demanda tiene lugar después del expediente de investigación llevado a cabo por el Ayuntamiento para clarificar la propiedad, y unas obras acometidas por la institución local ante el mal estado del tejado. El Obispado pide como medida cautelar que el Ayuntamiento se abstenga de realizar actos de dominio sobre el inmueble y que se prohíba disponer del inmueble destinado al culto religioso. Y reclama además al Juzgado que declare que el Obispado es el titular del inmueble descrito, lo que no consta como tal en ningún registro, según la parte demandada.

El proceder de la Iglesia ha causado malestar y furor en el vecindario y en la corporación. «Las cosas no son así. Se les ha dado parte en todo, se han pedido reuniones y han sabido de las obras desde el primer momento. Y nada», afirma el alcalde, Miguel Ángel Jiménez, haciendo hincapié en que la cuestión trasciende lo municipal. «Hablo en representación de los vecinos y de muchos hijos del pueblo, no solo los empadronados», añade, asegurando que «por tres veces se ha intentado hablar con ellos. En una de las ocasiones, estábamos ya en el Ayuntamiento los concejales y las mayordomas y un cuarto de hora antes llegó un mensajero privado y nos dijo que no iba a venir nadie del Obispado».

Estas intentonas de reunión tienen lugar en el último año y medio, con la necesidad de hacer obras urgentes en la ermita. «Para poder arreglar el techo, el bien tenía que ser propiedad del Ayuntamiento. Aquí la conciencia es que Los Ulagares es del pueblo, pero claro, el pueblo no tiene NIF. Por ello, en una reunión vecinal se acuerda que el Ayuntamiento dé los pasos necesarios para acreditar la titularidad del bien. Y es lo que se hizo: un expediente de investigación para que todos aportáramos documentación», relata Jiménez, acompañado por otros concejales y una de las mayordomas. La conclusión municipal de ese expediente fue que la ermita era del Ayuntamiento.

La ermita de los Ulagares ha funcionado siempre como un patronato o fundación, con mayordomas en representación del pueblo; el párroco y el alcalde, pero sin personalidad jurídica propia, esto es, sin CIF, lo que el Ayuntamiento quería clarificar.

Así las cosas, el Ayuntamiento incorpora al expediente una batería de documentación recabada en el Catastro y en el Archivo Histórico con el objetivo de demostrar que la propiedad de la ermita «corresponde al pueblo y al Ayuntamiento de Castilruiz».

Entre ellos, una certificación catastral en la que se constata que el bien no está inmatriculado al Obispado; documentos del Archivo Histórico (1943) donde aparecen bienes exentos de contribución y sus propietarios: el Obispado de Tarazona (antigua jurisdicción eclesial de Castilruiz), el párroco, el Ayuntamiento y el Pueblo, que entre otros bienes posee la ermita.

En este sentido, los servicios técnicos municipales consideran que «esta prueba demuestra que desde los primeros catastros o registros fiscales de bienes, se catastran por separado los bienes que pertenecen a la iglesia parroquial, entonces perteneciente al Obispado de Tarazona, de los bienes que pertenecen al pueblo, cuyo representante legal con personalidad jurídica, según la legislación vigente, es el Ayuntamiento».

Además de la mencionada ermita, Castilruiz tiene otros dos templos, la iglesia parroquial, Nuestra Señora de Bari, y la ermita de San Roque, ambas inmatriculadas a su nombre por el Obispado desde el año 2009. «Pudo hacerlo con ellas pero no con los Ulagares, porque pidieron al Ayuntamiento un acuerdo plenario reconociendo que era del Obispado y el pleno se negó». El desencuentro por tanto se remonta a hace casi una década y en el punto de mira está tanto la ermita como tres fincas cercanas, de alrededor de 10 hectáreas.

Entre las pruebas documentales que el Consistorio aporta al expediente se encuentran también los contratos de arrendamiento de las fincas rústicas de la ermita, que rentan en torno a 1.700 euros al año, según fuentes vecinales.

El dinero va a una cuenta corriente de la ermita. En el citado contrato intervienen como arrendadores el mayordomo y el alcalde, sin que el representante municipal ostente la representación legal de la ermita como titular de las parcelas. El hecho «parece ser un intento de gestionar los bienes de la ermita para la obtención de ingresos que se destinan al mantenimiento de la misma», sostienen los servicios técnicos del Ayuntamiento, desde el que, a lo largo del expediente, se reitera la necesidad de dotar de personalidad jurídica a la fundación o patronato de la ermita como titular de bienes.

El dossier municipal sobre el expediente de investigación incluye documentación aportada por el Ayuntamiento y por el propio Obispado, «todo remitido por correo porque no han querido que nos juntemos», apostillas las citadas fuentes.

El 9 de enero de este año, y ante una próxima visita pastoral del obispo el día 27, el alcalde comunica al prelado por escrito que el Ayuntamiento estaría interesado en tratar algunos temas relacionados con la ermita: la necesidad de realizar obras urgentes y darle cuenta de la investigación sobre la titularidad del inmueble para «dar solución a un tema que viene de lejos y tiene muy preocupado al pueblo de Castilruiz».

También se le pide al prelado «la vuelta de los objetos de la ermita que fueron robados y que actualmente están en El Burgo de Osma, tras su recuperación por la Guardia Civil», un suceso acaecido en 2010.
El Ayuntamiento tiene cumplida respuesta en la que el vicario explica que la visita del obispo «está pensada para tener un primer contacto con los fieles y los sacerdotes de la diócesis», lo que hace que el encuentro reclamado «no tenga fácil acomodo», por lo que propone otro en próximas fechas, de carácter más técnico.

Una reunión que nunca se produjo tras los intentos del municipio porque así sea, según las citadas fuentes.

Desde el Ayuntamiento muestran su sorpresa porque el Obispado haya decidido iniciar el litigio judicial por una doble vía, la civil ante el Juzgado de Primera Instancia de Soria, y otra ante el Contencioso Administrativo a través de un recurso contra el expediente de investigación abierto por el Consistorio. «Es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Quieren la inmatriculación de la ermita por la ermita o por las fincas que tiene?».

También se presenta el Libro de Cuentas de la ermita desde el año 1906 hasta la fecha, así como un expediente del Juzgado municipal de Castilruiz de 1912 en el que se aprobaba la inscripción «a favor de la ermita de los Ulagares» de 31 fincas donadas, que luego quedaron en tres con la concentración parcelaria. Estas fincas están inscritas hoy en el Registro de la Propiedad a nombre de la Ermita de Nuestra Señora de los Ulagares.

Tras la denuncia, las obras fueron paralizadas por el Ayuntamiento ya en la recta final, «cuando prácticamente estaban concluidas». La intervención consistió en cambiar toda la cubrición del templo, con una cubierta vieja que se sustituyó por una nueva con impermeabilización y aislamiento, según explicó el autor del proyecto, Afrodisio Martínez Barrera.

El arquitecto, hijo del pueblo, al que sigue muy vinculado, lo hizo de forma altruista. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa moncaína Ruiz Lavilla en unos 56.000 euros, de los que parte ya se ha pagado. Son concretamente 23.000 euros los que ha satisfecho el Consistorio a la contrata, la mitad con aportación de las arcas municipales y otro tanto procedente de una subvención de la Diputación a través de la convocatoria de Planes Provinciales.

El resto «se quedó que se pagaría con la aportación voluntaria de vecinos y, en caso de que faltara dinero se subastaría una finca, tal y como se acordó en la reunión vecinal». Con la denuncia se ha frenado todo, incluido este pago, menos el disgusto vecinal, que va in crescendo. «La indignación es total y el apoyo de la gente, muy grande», añade el alcalde.

Por su parte, el Obispado se siente titular de la ermita «al ser la propietaria originaria desde hace siglos, y no haber perdido en ningún momento su posesión», según la denuncia.

El Obispado prefiere no pronunciarse al respecto de esta polémica. El delegado de Patrimonio, Rubén Tejedor, adujo que el caso estaba en los tribunales y señaló que esperarán a su pronunciamiento para manifestarse sobre el asunto.

Enlace: http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/provincia/obispado-demanda-ayuntamiento-castilruiz-propiedad-ermita_122048.html

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies