Europa acuerda que el 5% de los fondos Feder se destine a zonas despobladas
El voto del Parlamento establece que al menos el 17,5% de la financiación se centre en áreas rurales
La despoblación como criterio del destino de fondos europeos para el nuevo periodo 2021-2027 se concreta más allá de una orientación o principio general. La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo acordó ayer que al menos un 5% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) se centre en las zonas con mermas demográficas y otros obstáculos por la especificidad del territorio. Un 5% que cada Estado deberá reservar en los programas cofinanciados, con la perspectiva de que las provincias y unidades administrativas inferiores se beneficien de manera finalista de los planes.
El acuerdo de ayer culmina una andadura, que se precipitó a finales del año pasado, en pos de ir más allá del criterio de renta por habitante para el reparto de los fondos. En diciembre el Comité Europeo de las Regiones (el organismo consultivo de la UE con la representación de las regiones y municipios de los estados) avalaba por unanimidad una reforma del Reglamento de financiación para tener en cuenta a los espacios en declive poblacional. Un pronunciamiento avalado en enero por la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo, a la espera de la votación en el pleno. Una sesión plenaria que tuvo lugar el miércoles, con el asentimiento a unos cambios en la normativa en los que la presencia soriana ha sido destacada.
Así, la base conceptual para justificar que la sangría poblacional pese de manera efectiva en los programas se encuentra en el informe de la catedrática de la Universidad Complutense Mercedes Molina. Un documento en colaboración con el Ayuntamiento de Soria que sirvió de referencia al dictamen que defendió la eurodiputada socialista Iratxe García para conseguir en noviembre de 2017 una resolución del Parlamento con el fin de encarar el desequilibrio demográfico. En el plano político, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha desarrollado en los últimos años una actividad para tejer redes y apoyos como vicepresidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE). Todo ello con el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Los compromisos adoptados ayer especifican el destino de ese (al menos) 5% de los fondos Feder del que se benefician los estados. Dentro del objetivo de inversión para crecimiento y empleo, se dirigirá al «desarrollo territorial integrado en áreas no urbanas con desventajas o desventajas naturales, geográficas o demográficas o que tiene dificultades para acceder a los servicios básicos».
Se calcula en 13.500 millones el volumen que los fondos Feder acotarían para áreas inmersas en el reto demográfico. Para estos espacios hay una mención especial a las «zonas y comunidades rurales», que se define en otra reserva. En este sentido, «al menos el 17,5%» de la anterior cantidad tendrá como destinatario esos territorios. Eso sí, «teniendo en cuenta las disposiciones de un Pacto de Aldeas Inteligentes para desarrollar proyectos tales como aldeas inteligentes» (suministros energéticos sostenibles como sostén de otros servicios). Unos 2.000 millones tendrían como fin este Pacto.
La reforma abre las puertas a un nivel administrativo inferior al de las regiones como órgano intermedio, gestor de fondos. Una llegada finalista para provincias y entes administrativos menores, como las comarcas, que se plasma en las áreas NUTS III como sujeto de «planes regionales y nacionales específicos». NUTS es la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas y la etapa III hace referencia al nivel subregional.
Las unidades englobadas en este apartado se determinan a partir de una escala: «una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado para áreas escasamente pobladas o por debajo de ocho habitantes por kilómetro cuadrado para áreas muy escasamente pobladas». También entran aquellas que hayan conocido una «disminución promedio de la población de más del 1% entre 2007 y 2017». Todas ellas figuran en los programas nacionales «para aumentar el atractivo, aumentar la inversión empresarial e impulsar la accesibilidad de los servicios digitales y públicos, incluido un fondo en el acuerdo de cooperación». Además, «se podrá asignar una financiación específica en el Acuerdo de Asociación».
Esta mención en los compromisos acordados ayer es importante, ya que recuerda que el proceso de los fondos europeos en torno a la despoblación no ha acabado. El texto apela a la función de los estados, a los acuerdos que cada uno firma con la Comisión Europea para cofinanciar los programas. Esto es un paso posterior a la próxima andadura del Reglamento de financiación: las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Es necesario el acuerdo para modificar las normativas.
De momento, la pretensión de ligar la despoblación a los fondos cuenta con el importante aval de los europarlamentarios hacia unas acciones que atiendan el «envejecimiento, la desertificación rural y el declive demográfico», junto con la dificultad de «acceder a servicios básicos». Esto, mediante «programas, ejes o estrategias territoriales integradas».