La expropiación para el colector ralentiza los plazos para la cárcel

El PSOE critica al PP por dejar caducar el anterior expediente y devolver el proceso «a la casilla de salida»

La cárcel de Soria no abrirá en 2018 y puede que tampoco en 2019, tal y como estaba previsto. Ayer el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y el alcalde, Carlos Martínez, hicieron un profundo repaso a la situación de la mayor parte de los proyectos pendientes del Ejecutivo central. Martínez explicó que los siete años del Gobierno del PP han supuesto un «paréntesis», sin avance respecto a 2011 y que las mayores inversiones han sido las rescisiones, por un millón cada una, de las contratos para la reforma del Banco de España y la modernización del Soria-Torralba, a las que añadió una tercera, la ejecución del colector de la cárcel. Las estimaciones de apertura del centro penitenciario no se cumplirán y desde el PSOE achacan esta situación al PP por la paralización de las expropiaciones del terreno por donde discurrirá la infraestructura. Los populares por su parte consideran que la responsabilidad es del Ayuntamiento y su falta de diligencia a la hora de responder al informe sobre el trazado de la infraestructura.

Martínez considera que durante el mandato del PP se ha alcanzado «el culmen del surrealismo» con «todo tipo de excusas» para no abrir la cárcel, en la inversión del Estado supera los 100 millones de euros. El alcalde recordó que incluso se llegó a decir que no era posible la apertura por la falta de reclusos. Martínez lamentó que pese a la «voluntad de avanzar» en el proyecto manifestada por el PP «las palabras contradicen a los hechos».

La cuestión clave para el incumplimientos de los plazos anunciados es la construcción del colector. El alcalde explicó que mientras desde el PP se aseguraba que la iniciativa «avanzaba» se dio el visto bueno, a finales del mes de abril, a la caducidad del expediente de expropiación de los terrenos por donde discurre el colector iniciado en 2015. Esto representa que el complicado procedimiento expropiatorio «vuelve a la casilla de salida». Otra cuestión relevante es que se rescindió el contrato con Acciona para la construcción de la infraestructura una obra que figuraba dentro del proyecto original para la construcción del centro penitenciario por lo que habrá que licitar y adjudicar esa obra.

Ante esta situación, los responsables socialistas aseguraron ayer que en las reuniones mantenidas con responsables de Interior e Instituciones Penitenciarias han puesto sobre la mesa la «necesidad de abrir» la nueva cárcel a la mayor celeridad posible. Para dar la mayor agilidad posible al proceso se ha planteado que el expediente de expropiación sea declarado de carácter urgente con el objetivo de que paralelamente a ese procedimiento puedan ejecutarse las obras. «Hay buena disposición», comentó el alcalde. El subdelegado no quiso poner fechas a una posibles apertura, pero sí avanzó que trabajarán intensamente, incluso durante el mes de agosto –inhábil en la Administración–, para adelantar todos los trámites. Martínez advirtió que también habrá que «volver a conseguir» la reversión de los terrenos del actual centro penitenciario.

No obstante, también quedaría otra cuestión para completar las obras, el equipamiento del centro. Latorre explicó que lo que es el mobiliario básico del centro, es decir, mesas, sillas y este tipo de enseres, será realizado por reclusos de las cárceles españolas a través de los programas de trabajo implantados en diferentes prisiones.

La fabricación de mobiliarios se estima que se extenderá durante unos seis meses mientras que para construir el colector se necesitan unos 8 meses a contar desde su adjudicación. Tanto para el equipamiento como para el colector, desde la Subdelegación se va a intentar que la tramitación esté lista antes de finales de año o como muy tarde a principios de 2019.

Una vez cumplimentadas esta cuestiones queda pendiente otro aspecto fundamental, la plantilla. En este sentido, Latorre avanzó que Instituciones Penitenciarias ha solicitado 1.100 plazas, una oferta que está pendiente de aprobación por Hacienda. En el caso de que hay luz verde «vamos a intentar que muchas vengan para Soria». Ala espera de esa decisión, indicó que una vez finalizados el colector y el equipamiento la intención es comenzar, al menos, con el traslado de los presos de la actual cárcel para arrancar la actividad de la nueva prisión «con uno o dos módulos» y en espera de la llegada de nuevos funcionarios.

La exsubdelegada y presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, sostuvo ayer que la caducidad del proceso ya se conocía tras su publicación en el BOE el pasado mes de mayo. La líder del PP considera que la responsabilidad en este caso atañe al PSOE, y más concretamente al Ayuntamiento, por su tardanza en responder a la propuesta de trazado para el colector. «Fue por culpa del PSOE, nos vimos obligados a caducar el expediente por la inactividad del Ayuntamiento, tardaron casi un año en responder al informe sobre el colector por lo que no entiendo como ahora se sorprenden», explica. «Si el alcalde no hubiera retrasado la respuesta no hubiera caducado el expediente», afirma.

El alcalde de Soria, durante la comparecencia, y por lo tanto, antes de que se pronunciara De Gregorio, se anticipó a esta acusación ya que, según comentó, las alegaciones del Ayuntamiento al trazado del colector elegido por Carreteras «no eran vinculantes». En este sentido, cabe destacar que Carreteras no atendió las alegaciones sobre el trazado remitidas por el Consistorio aunque sí asumió algunas mejoras vinculadas a la red de aguas.

Además de responsabilizar al Ayuntamiento, De Gregorio quiso aclarar también que antes de que se produjera la caducidad del expediente de forma definitiva ya tenía la documentación preparada para el inicio del nuevo expediente de expropiación y que el PSOE «ha tenido dos meses» para dar inicio al procedimiento. Asimismo afirmó que el hecho de que los presos de otras cárceles fabriquen el mobiliario «ya estaba avanzado» y que es algo que ocurre «para todas las cárceles nuevas». Por último recordó que en el Presupuesto hay 6,5 millones para terminar las tareas pendientes y que gracias a las gestiones del PP este año llegarán a la cárcel de Soria ocho funcionarios de prisiones en prácticas.

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